PRONUNCIAMIENTO

 DEL CONALAB CON RELACION A LA LEY DE "DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACION DEL SISTEMA PROCESAL PENAL"

El Directorio del Colegio Nacional de Abogados, reunido en la ciudad de La Paz y Cochabamba preocupados por la promulgación de la Ley No 586 de: "Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal", luego de realizar un amplio y detallado análisis ha llegado a las siguientes conclusiones:

1.- El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia expresa su preocupación por la promulgación de un conjunto de normas que tratan de solucionar la crisis de la justicia y su retardación con reglas insuficientes e improvisadas, que demuestran la falta de una política gubernamental y estatal sobre el tema de la justicia y en particular el sistema penal.  Y lo más grave, en contra de la doctrina, y las experiencias de otros países, plantean solucionar los conflictos sociales, promedio de la criminalización de las conductas, y la cárcel como sanción.

2.- La Ley de Descogestionamiento y de Efectivización del Sistema Procesal Penal, desnaturaliza el sistema acusatorio que ha sido adoptado por Bolivia y por los países que cuentan con un sistema democrático de gobierno; pues todo proceso penal supone un sistema de juzgamiento que debe garantizar el debido proceso, la igualdad y el derecho a la defensa entre otros.  En la referida ley, se insertan principios del sistema inquisitivo propios de los gobiernos autoritarios, engendrando un sistema híbrido cuyos principios son contrapuestos, lo que va en contra de la administración de justicia.

3.- Establece que a conminatoria judicial los Fiscales deben identificar las causas sin movimiento por más de un año para disponer su archivo, sin embargo exceptúa de este tratamiento a las causas por delitos contra la vida, la libertad sexual, trata y tráfico de personas, violencia política, violencia familiar o doméstica, contra la seguridad y economía del Estado, corrupción, criminalidad transnacional o criminalidad organizada, siendo precisamente éstas las que han generado el congestionamiento en la administración de justicia.  Por lo tanto, el pretendido descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal no será aplicable más que para delitos en contra de la propiedad, la fe pública, salud pública, industria y comercio, narcotráfico y otros delitos menores.  Vulnera el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de las víctimas (Art. 115.I de la CPE) ya que le transfiere a ésta la responsabilidad de la persecución penal, siendo una función específica del Ministerio Público (Art. 225 de la CPE).

4.- Limita la labor y razón de ser del trabajo del abogado, pues más allá de que existan algunos profesionales que hacen abuso de los mecanismos de defensa, no puede legislarse en base a la excepción y no la regla, lo que constituye una vulneración al derecho a la defensa del imputado y una vulneración al ejercicio profesional de la abogacía, dejando a criterio del Juez-tercero imparcial- la facultad de sancionar e incluso apartar a los abogados de la causa en base a una cláusula abierta y a un criterio subjetivo sobre la calificación de los incidentes y excepciones que pueden ser declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos o temerarios.

5.- Se ha eliminado de la administración de justicia a los jueces ciudadanos que garantizaban la aplicación de los principios que rigen las actuaciones del Organo Judicial como ser la transparencia y la publicidad, cuya mayor expresión se manifiesta en el control social pregonado por el Art. 241.II de la CPE.  Esa medida contraviene el discurso oficial de control y participación social, estando orientada a asegurar aún más el control político que ejerce el gobierno al Organo Judicial.

6.- Contraviene derechos y garantías constitucionales como el derecho a la defensa que debe ser amplio, irrestricto y prestado por un abogado de confianza del imputado que tiene el derecho de escoger al profesional que defienda sus derechos, a sí como una serie de instrumentos internacionales sobre el proceso penal que al tratarse de derechos humanos, debieran incluso ser interpretados y aplicados hasta por encima de la misma CPE (en su Art. 256), exponiendo innecesariamente al Estado Bolviano a responsabilidades internacionales, fundamentalmente, en el ámbito del sistema interamericano de DDHH.

De lo manifestado se tiene que  la aplicación de esta ley no logrará el propósito para la que fue creada convirtiéndose más bien en un mecanismo que vulnera derechos, principios y garantías constitucionales tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, y en el caso de los abogados, el derecho al trabajo.  Por ello, el CONALAB anuncia acudir ante los organismos competentes para restaurar el estado de derecho.

Cochabamba, 28 de noviembre del 2014

 

 

 

 

 

 

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