La Constitución, a los tres años de su vigencia

José Antonio Rivera S*.

El 07 de febrero de 2009 fue solemnemente promulgada la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera que se han cumplido tres años de su vigencia. Luego de haber transcurrido este período de tiempo, las preguntas obligadas son: si la misma es cumplida, respetada y resguardada por los gobernantes, y si se ha constituido en la regla básica de convivencia pacífica y de construcción democrática de la Sociedad.

Con relación a la primera pregunta la respuesta es lamentablemente negativa, ya que la Constitución no es cumplida ni respetada, menos resguardada por los gobernantes; al contrario, es objeto de una permanente infracción y vulneración.

En cuanto se refiere al cumplimiento de la Constitución, cabe señalar que las normas y reglas previstas por ella no son cumplidas a cabalidad, especialmente en lo que concierne a los valores supremos, los principios, y los derechos fundamentales. A manera de ejemplo, se pueden señalar los siguientes casos: 1) el art. 12, que proclama el principio de separación de funciones, no es cumplido a cabalidad, pues los órganos Legislativo, Judicial y Electoral Plurinacional se encuentran subordinados al órgano Ejecutivo; ello se puede constatar en la actuación cotidiana de los mencionados órganos del poder constituido; 2) el art. 18, que consagra el derecho a la salud y determina que “el Estado (a través del gobierno) garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna” y que “el sistema único de salud será universal, gratuito”, no es cumplido, ya que no todas las personas pueden acceder a los servicios de salud de manera gratuita; 3) el art. 45, que consagra el derecho a la seguridad social, definiendo que el mismo cubre, entre otros, el desempleo y pérdida de empleo mediante el pago de una renta, no se cumple ya que a la fecha no existe la cobertura de la mencionada renta.

De otro lado, la Constitución no es respetada ni resguardada por los gobernantes ni por los gobernados; es lamentable constatar que en los primeros no existe lealtad constitucional, y en los segundos no existe cultura constitucional; y ello tiene vieja data, pues en la historia republicana los gobernantes invocaron e invocan la Constitución en tanto y cuanto responda a sus intereses de detentar y perpetuarse en el poder, pero la ignoran, la quebrantan, infringen o reforman cuando se contrapone a sus intereses. En lo que concierne a los gobernados, especialmente los movimientos sociales, en un pasado próximo no respetaron la Constitución arguyendo que no habían sido parte en su aprobación y adopción; ese argumento hoy no tiene sustento alguno, porque fueron ellos los que adoptaron la que actualmente se encuentra en vigencia.

En estos tres años de vigencia, el Gobierno ha infringido y vulnerado permanentemente la Constitución, como prueba de ello se pueden señalar, entre otros, los siguientes casos: 1) la promulgación del Decreto Supremo Nº 138, que concentra la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de justicia en la ciudad de La Paz para juzgar a las personas que cometan delitos de terrorismo, alzamiento armado y sedición; 2) la emisión de la Ley Nº 004 de Lucha contra la Corrupción, que prevé la aplicación retroactiva de la Ley Penal y el juzgamiento en rebeldía; 3) la emisión de la Ley Nº 007, que dispone la suspensión de los jueces a la sola imputación formal; 4) la promulgación de la Ley 031, que prevé la suspensión de las autoridades de las Entidades Territoriales Autónomas (gobernadores y asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales); 5) la emisión de las leyes Nº 025 y N        º 027, que introducen causales de inelegibilidad al cargo de magistrados de los altos Tribunales de Justicia del Estado, discriminando por razón de ocupación; 6) la violenta represión a los marchistas del TIPNIS; 7) la violenta represión en los bloqueos de Caranavi; 8) la persecución judicial a los líderes cívicos y políticos de oposición; 9) la destitución de autoridades democráticamente elegidas. Como éstos, existen muchos otros casos de violación a la Constitución que resultaría largo enumerarlos en este trabajo.

Por su parte, algunas organizaciones sociales también infringen la Constitución; así, a manera de ejemplo, se pueden citar los siguientes casos: 1) el ingreso violento de éstas organizaciones a la propiedad privada del ex Vicepresidente de la República y la violación del derecho a la integridad física y psicológica de su esposa e hija; 2) los maltratos físicos inferidos al líder de los pueblos indígenas de las tierras bajas Marcial Fabricano; 3) la discriminación de estudiantes mujeres por razón de género en el Colegio Bolívar; y muchos otros casos que sería largo enumerarlos.

Para concluir, respondiendo a la segunda pregunta, se puede señalar que lamentablemente la Constitución, en estos tres años de su vigencia no se ha constituido en la regla básica de convivencia pacífica y de construcción democrática de la Sociedad; ello porque no se la cumple a cabalidad, no se la resguarda, y mucho menos se la respeta como corresponde.

Los derechos de la personas con discapacidad

José Antonio Rivera S*.

En reiteradas ocasiones hemos señalado que un aspecto positivo de la Constitución vigente es que efectúa un extraordinario desarrollo de los derechos fundamentales, superando el catálogo resumido de la anterior Constitución. Así, con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, hace énfasis sobre aquellos grupos sociales altamente vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, consagrando sus derechos y definiendo las obligaciones positivas del Estado para garantizar el goce pleno y ejercicio efectivo de esos derechos.

Si bien ese es el escenario constitucional ideal, la realidad concreta es otra, pues se caracteriza por una sistemática y permanente violación de los derechos fundamentales, tanto por acción como por omisión de quienes detentan el poder político y el poder económico. Una muestra de ello es lo que acontece con las personas con discapacidad, cuyos derechos fundamentales consagrados en la Constitución son violados sistemáticamente por el Gobierno.

Según dispone el art. 70 de la Constitución, toda persona con discapacidad goza entre otros, del derecho a ser protegido por su familia y por el Estado; se entiende que esa protección es a su vida, a su integridad física, psicológica y moral, a su salud, a su seguridad económica y seguridad social; en suma, es a su dignidad humana. Para la plena realización de ese derecho el Estado tiene que adoptar un conjunto de medidas legislativas y administrativas.

Es de conocimiento público que las personas con discapacidad han solicitado al Gobierno nacional la atención de sus requerimientos más primordiales, entre ellos, la aprobación de una Ley que disponga la satisfacción de sus necesidades, como la asignación de un bono anual de Bs. 3.000.- para las personas que padecen discapacidad grave y muy grave; sin embargo el Gobierno no tiene, cuando menos no ha demostrado, ningún interés en atender las peticiones.

Ante las justas y legítimas peticiones de las personas con discapacidad, los gobernantes, particularmente el Presidente, simplemente se han limitado a decir que la suma que demande el posible pago del bono reclamado está fuera de las posibilidades económicas del país; ese argumento no es razonable ni expresa la realidad de los hechos, además refleja la falta de sensibilidad y de humanismo en los gobernantes; ello por las siguientes razones:

Primero, porque los bonos son parte de la política del actual Gobierno y, especialmente del Presidente; así, se tiene el bono “dignidad”, el bono “Juancito Pinto”, el bono “Juana Azurduy”; cabe advertir que el primero se paga no solamente a los más necesitados.

Segundo, los bolivianos y bolivianas somos testigos de gastos dispendiosos e innecesarios que se realizan en esta gestión gubernamental, tales como comprar un avión presidencial de lujo sin licitación; la realización de viajes internacionales del Presidente y su comitiva, en algunos casos innecesarios, como aquel realizado para presenciar un partido de fútbol; la realización de elecciones judiciales con resultados contrarios a los objetivos trazados; y muchos otros que sería largo enumerarlos.

Tercero, porque el bono que demandan las personas con discapacidad es anual y estará  solamente destinado a las personas con discapacidad grave o muy grave; no es de asignación generalizada.

Ante la falta de atención a sus pedidos, las personas con discapacidad han iniciado un conjunto de movilizaciones, entre ellas una marcha desde la ciudad de Santa Cruz hasta la sede de gobierno para hacer escuchar sus demandas y lograr la atención por las autoridades; en ese cometido han recorrido cientos de kilómetros en condiciones absolutamente adversas, no solo por las inclemencias del tiempo y de su propia condición de personas con discapacidad, sino por el menosprecio y la insensibilidad gubernamental.

A diferencia de lo acontecido con la marcha del CONISUR, que ha merecido todo el apoyo gubernamental, al grado que las autoridades se extrañaron porque la Defensoría del Pueblo no se preocupe por ellos, y que los efectivos de la Policía Boliviana colaboran en la preparación de la comida; la marcha de las personas con discapacidad no ha logrado sensibilizar a las autoridades del Gobierno, particularmente al Presidente, no ha recibido el apoyo de las autoridades, al contrario ha sido simplemente ignorada; lo más grave del caso es que las movilizaciones complementarias a la marcha, realizadas por las personas con discapacidad, han sido objeto de represiones policiales.

El caso de las personas con discapacidad demuestra una vez más que la Constitución, como en la época colonial “se acata pero no se cumple”; pues los derechos fundamentales en ella consagrados se constituyen en un listado de buenas intenciones, sin posibilidad alguna de concreción y realización material; y el principio del suma qamaña (vivir bien), que proclama el art. 8 de la Constitución, se ha quedado en un simple eslogan; al parecer, en este nuevo Estado Plurinacional Comunitario la racionalidad, la sensibilidad y el humanismo lamentablemente se han extinguido.

JUSTICIA A FAVOR DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Por René Baldivieso Guzmán

El que un instrumento internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos haya consagrado la libertad de pensamiento y de expresión en términos claros e incuestionables, tiene que ver con el espíritu que animó a los pueblos de América para concretar todos aquellos derechos inherentes a la persona, necesarios a su desarrollo y existencia digna. Y es en este documento que fue suscrito el 22 de noviembre de 1969 que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la indicada Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna.

Nos parece pertinente la mención de esta norma de derecho internacional cuando el diario El Universo del Ecuador espera el fallo que debe emitir, en segunda instancia, la Corte Nacional de Justicia de ese país, sea para revocar o ratificar el fallo del juez que condenó a a prisión a tres principales directivos y a un ex columnista de dicho diario más el pago de una indemnización millonaria en dólares al presidente ecuatoriano que planteó su demanda por injurias. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo, en su momento, que la utilización del derecho penal  para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos “vulnera el artículo 13 de la Convención Americana que protege la libertad de expresión”. Y añade que la decisión del juez  en el caso El Universo “puede constituir un medio de censura indirecta, dado su efecto amedrentador e inhibidor  del debate sobre asuntos de interés público”.

De manera que con un sentido de justicia y de ineludible apego a la protección de los derechos humanos a que están obligados los Estados, de acuerdo con la Convención de 1969, es lógico esperar que la justicia ecuatoriana siente un precedente en el caso cambiando sustancialmente el fallo dictado por el juez contra el diario El Universo y se le restituya, para satisfacción de América, el derecho fundamental a la libre expresión. Recordamos, por otra parte, que en esta cuestión tan identificada con el ejercicio de la libertad de prensa, varios países ya han despenalizado los llamados delitos de opinión a la vez que otros, definitivamente, han eliminado el delito de desacato “que le otorga al funcionario público un rango superior  al de cualquier otro ciudadano” – como afirma un jurista ecuatoriano.

Estos antecedentes nos hacen comprender fácilmente que legislar sobre el derecho de emitir libremente nuestras ideas y opiniones, no es tarea que debe estar condicionada a criterios políticos circunstanciales. Por el contrario será mejor otorgar las más amplias y eficaces garantías que tengan permanente vigencia para su pleno ejercicio. La supresión del delito de desacato en Bolivia, como se lo ha hecho en otros países, sería una de las medidas que contribuyan a este propósito y al ejercicio pleno de la libertad de expresión, característica insustituible de toda democracia.

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